Ambientalistas y dirigentes indígenas están preocupados y movilizados en Bolivia ante la intención del gobierno de Evo Morales de construir dos represas hidroeléctricas que impactarán el Madidi, el parque nacional más importante del país y uno de los reservorios de recursos genéticos más completos del planeta. Junto a este, se afectaría también la contigua área protegida Pilón Lajas, ambos ubicados en el noroeste de Bolivia, en una zona amazónica fronteriza con Perú.

Con el objetivo de generar energía eléctrica para la exportación se construirían sobre el río Beni, un afluente del Amazonas, las represas Chepete y El Bala  –a 70km  y 13 km respectivamente– aguas arriba de Rurrenabaque, la localidad de ingreso a Madidi y Pilón Lajas. El río Beni es el que divide, o une, estas dos áreas protegidas.

El proyecto requerirá una inversión inicial –la más alta de la historia del país– de más de $6.300 millones, lo que equivale al 20% del PIB boliviano y al total de la deuda externa del país.

Aparte, el gobierno ya ha destinado al plan $33,8 millones: $22 millones a un estudio de prefactibilidad y $11,8 para el proyecto de “diseño final”, que será entregado a fines de 2017; ambos encomendados a la empresa italiana Geodata. 

Este plan gubernamental de diversificación de fuentes energéticas, que tiene el respaldo legal del decreto supremo No. 29191 (2007) que declara “de interés y prioridad nacional el aprovechamiento de la cuenca del río Beni” y define los mecanismos para impulsar el proyecto hidroeléctrico, surge ante la baja de precios de los hidrocarburos y de los minerales que exporta Bolivia, con la esperanza de que la venta de energía eléctrica a Brasil pueda compensarlos. El gobierno asegura que solo la represa Chepete, que sería la primera en construirse, tendrá una potencia instalada de 3.300 MW y generará 15.470 GWh por año. El consumo total en Bolivia es de 1.400 MW.

Tesoro ecológico en jaque

Con casi todo su bosque considerado “primario”, el parque Madidi cuenta con una singular topografía. Su franja de altitud (180-6.000 msnm) le permite albergar una docena de hábitats y por tanto a numerosas especies de plantas y animales, muchas de ellas endémicas. Allí ya se han registrado 8.244 especies de plantas superiores; 1.656 especies de vertebrados: 1.000 de aves (el 11% del mundo, todo EE.UU. cuenta con menos de 900), 192 de peces, 182 de mamíferos, 82 de anfibios, 92 de reptiles; y una cantidad aún indeterminada de toda clase de invertebrados.

Un reporte de WCS (Wild Conservation Society) señala que en esta región todavía queda mucho por explorar y registrar y que es un refugio crucial para la conservación de la biodiversidad amenazada a escala continental. El Madidi fue clasificado por el programa Global 200 Ecoregions y por Biodiversity Hotspots como una región de alta prioridad para la conservación (Olson & Dinerstein, 2002; Mittermeier et al., 2000) y por la revista National Geographic como uno de los 20 destinos turísticos internacionales más importantes.

Cecilia Requena, ecologista, docente e investigadora, explicó a Scientific American que el impacto ambiental en la región será significativo ante el riesgo de que las inundaciones producidas por las megarrepresas devasten el bosque y alteren la dinámica del río Beni, uno de los más caudalosos de Bolivia.

“Destruir más bosque tropical es justo lo contrario de lo que aconseja la ciencia en el contexto de cambio climático. Con este proyecto no solo nos hacemos más vulnerables ante este fenómeno, sino que contribuimos a agravarlo como consecuencia de la enorme cantidad de materia orgánica que se descompondría debido a la inundación, generando gas metano (CH4), que es entre 20 y 30 veces más dañino que el dióxido de carbono (CO2)”, explica Requena.

Se calcula que las inundaciones de las represas generarán una deforestación de más de 60.000 hectáreas de bosque.

Pablo Solón, experto en medioambiente y director de la Fundación Solón, impulsora del debate sobre el proyecto de las megarrepresas, dijo a Scientific American que también se afectará el hábitat de varias especies de animales. “Los daños serán múltiples. Por ejemplo, los peces no podrán subir el muro de más de 160 metros de altura para colocar sus huevos aguas arriba. El ‘ascensor’ y la ‘escalera’ de peces que propone el proyecto impondrán la ley del más fuerte y de las especies que son aptas para saltar. A ello hay que sumarle el impacto de la construcción del camino y de la línea de transmisión que, según algunos investigadores, tendrá un impacto comparable al de las represas”.

La ficha ambiental del proyecto, que fue entregada por Geodata la última semana de octubre a la Fundación Solón como una respuesta a la fuerte presión social ejercida ante los vacíos del información de parte del gobierno, establece que la represa Chepete inundará un área de 677 km² y tendrá una zona total de influencia de 1.931 km², es decir que afectará una superficie casi 33 veces más grande que la isla de Manhattan. La segunda represa, El Bala, de menor tamaño, generaría una inundación de 94 km² y sería una central hidroeléctrica “de pasada”. El Gobierno asegura que el impacto solo será de 0,7% en el Madidi y de 1,2% en Pilón Lajas.

La versión oficial

Al rechazar las críticas, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Luis Alberto Sánchez, explicó que la implementación de este proyecto más bien generará electricidad mediante una fuente de energía renovable y de bajo costo, viabilizará el uso de otras fuentes renovables (eólica y solar) y combatirá el cambio climático al no producir gases contaminantes de la atmósfera. “Los beneficios locales serán la universalización al 100% del país del servicio eléctrico y el fortalecimiento en el sector productivo, industrial y el desarrollo local”, dijo.

La autoridad añadió que el proyecto estima generar 60.000 empleos directos e indirectos. “Las comunidades empiezan a crear sus empresas porque prestan servicios como el catering, hospedaje, servicios, bienes, etc. (a las cuadrillas de trabajadores). Es un movimiento económico muy fuerte (…) habrá beneficios en el sector pesquero a través de programas de piscicultura y transferencia de peces, la presa tiene canales por donde suben los peces, hay varios planes de mitigación, fuentes de agua potable, riego”.

Solón, en cambio, puso en duda incluso la posible venta de electricidad a Brasil e hizo notar que ni siquiera se han iniciado conversaciones con ese país.

Voz indígena

A todo esto se añade otro flanco, el de las 31 comunidades indígenas y campesinas de origen uchupiamona, tacana, leco, chimán, quechua y aymara que habitan en las dos áreas protegidas que resultarán afectadas. Buena parte de ellos creen que este proyecto atenta contra sus usos y costumbres, su patrimonio cultural y arqueológico y su existencia misma.

“Para nosotros, los indígenas amazónicos, nuestras tierras y territorios son la esencia de nuestra vida y existencia. La flora, la fauna, los ríos, las montañas, los animales y los insectos forman parte de nuestro diario vivir y por ello cuando escuchamos que el Gobierno planea construir megarrepresas al interior de nuestros territorios, nos preocupa de sobremanera porque se está hablando de algo muy serio que atenta contra nuestra propia existencia, es algo que nos llegará a impactar irremediablemente”, explicó a Scientific American Alex Villca, vocero de la Coordinadora para la Defensa de la Amazonía y líder indígena uchupiamona.

El dirigente cree que la construcción de las represas representaría una especie de “etnocidio” de parte del Gobierno para los 5.164 indígenas que se verían afectados de una u otra manera dentro de los embalses y en las áreas colindantes.

Ellos exigen a las autoridades el cumplimiento de la realización de la “consulta previa”, mecanismo incluido en la CPE y en el convenio 169 de la OIT, suscrito por Bolivia y que tiene rango de ley. El gobierno ha anunciado que la hará, pero recién en el futuro lo que ya ha sido calificado “a destiempo”. 

“Permaneceremos firmes, cuanto haga falta, en la defensa de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales”, dijo Villca.

Los reclamos de los grupos indígenas han surtido efecto. Este mes, tras realizar una vigilia de 12 días en la que impidieron el paso por el río Beni de los botes usados por funcionarios de la empresa Servicoms, subcontratada por Geodata para realizar los trabajos para el proyecto final, la empresa decidió suspender su labor y abandonar el lugar,  por lo menos por un tiempo.